Paula llegó por primera vez a los Estados Unidos a principios de los años 90, cuando tenía 20 años. Tuvo dos hijos en Estados Unidos y vivió en el Área de la Bahía con su pareja durante muchos años. Cuando su madre enfermó, Paula tuvo que dejar su casa en los EE. UU. para cuidarla, y cuando su suegro falleció, Paula y su familia inmediata tuvieron que estar allí para el funeral para hacerse cargo de otras obligaciones familiares. Pero el problema fue cruzar la frontera varias veces. Al final y sin darse cuenta, Paula recibió una orden de deportación. Después del funeral, Paula y su pareja decidieron simplemente quedarse en México.

Desafortunadamente, mientras vivía en México, ocurrió una tragedia. En 2017, la pareja de Paula durante más de 30 años y padre de sus hijos fue brutalmente asesinado por un cártel en Michoacán. Después de su asesinato, Paula y su familia comenzaron a recibir amenazas y a ser seguidos. Paula decidió salir de México por última vez por la seguridad de su familia, huyendo a los Estados Unidos para solicitar asilo en la frontera. A los hijos de Paula, ciudadanos estadounidenses, se les permitió ingresar al país, pero Paula se encontró en un centro de detención de inmigrantes sin derecho a solicitar una fianza ante un juez. A pesar de las desgarradoras circunstancias que enfrentó con la reciente muerte de su pareja, la terrible experiencia de Paula estaba lejos de terminar cuando se enteró de que su historial de inmigración previo impactaba sus derechos en los procedimientos de asilo y deportación.

“Quería ser fuerte… no quería dejar mi casa”.

Los desafíos legales de Paula son un ejemplo de las luchas que enfrentan muchas familias de estatus mixto. Tener familia ciudadana estadounidense no le otorga automáticamente el estatus a alguien. En el caso de Paula, sus entradas anteriores a los EE. UU. le pusieron en detención migratoria sin derecho a fianza durante 17 meses. Sus hijos, ciudadanos estadounidenses, todavía eran demasiado pequeños para presentar una petición por ella, por lo que su única defensa fue solicitar asilo. No existe el derecho a un abogado en los procedimientos de deportación, y los tribunales de inmigración para detenidos tienen expedientes acelerados que apenas permiten a los demandados construir una defensa, incluso con la ayuda de un abogado. Cuando Paula estuvo detenida por ICE, sólo el 30% de los inmigrantes detenidos tenían abogado y la gran mayoría de las personas en su situación fueron deportadas rápidamente sin un abogado.¹ Afortunadamente, el equipo de defensa de deportación de CLSEPA se enteró del caso de Paula por su hijo que vivía en East Palo Alto. Con la ayuda de su abogado de CLSEPA, Paula pudo presentar su solicitud de asilo y reunir pruebas para defender su caso. Vivir el duelo por su marido bajo custodia de ICE fue horrible, pero era una realidad que Paula tuvo que afrontar. Después de que el juez de inmigración denegó su solicitud inicial de asilo, Paula se sintió impotente ante la posibilidad de no reunirse con sus hijos durante este momento difícil.